Hasta la fecha, 267 pacientes han sido ingresados por COVID-19 y atendidos en las clínicas y hospitales privados. Asimismo, se han contabilizado 3.549 estancias hospitalarias, de las cuales 2.716 han sido en hospitalización y 833 en UCI.

El día con más actividad para los centros privados fue el 4 de abril, con 108 pacientes ingresados, 21 en UCI y 87 en planta.

Los días 17 y 18 de abril, de los 75 pacientes que estuvieron en UCI, 20 fueron atendidos en centros privados, un 26,7%.

Estos datos corresponden a los centros exclusivamente privados. No se incluye la actividad de centros con convenio singular (Creu Roja y Hospital Sant Joan de Déu), aunque todos forman parte de UBES.

Los centros y hospitales se han puesto a disposición de la Administración desde antes de la declaración del estado de alarma para frenar la pandemia y cuidar a los enfermos que requerían hospitaliación, llegando a acoger en algunos momentos el 20% de todos los pacientes ingresados y el 27% de los que requerían UCI. Contando también los concertados, han llegado a acoger a más del 30% de los pacientes ingresados.

Los centros del Grupo Juaneda, el Grupo Quirónsalud, el Grupo Parque Hospitales y la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Eivissa, junto con los que forman parte de la red pública, han puesto al servicio de la comunidad todos sus medios para combatir la alarma sanitaria provocada por la COVID-19.

Y lo han hecho a pesar de que han tenido grandes dificultades, en un momento crítico a nivel empresarial por la caída en picado de los ingresos. Esta disminución viene derivada del parón de la actividad tanto ordinaria como de medicina turística, que forma parte esencial de la facturación de los centros y que se da por perdida este año.

Las clínicas y hospitales han retomado de forma paulatina la actividad ordinaria de consultas e intervenciones programadas con toda la seguridad y siguiendo los protocolos. Carmen Planas, presidenta de UBES, anima a los pacientes a cuidar su salud y retomar su cuidado habitual. “Recomendamos a los pacientes que restablezcan sus visitas con los médicos, especialmente las personas con enfermedades crónicas o graves, que requieren un control exhaustivo. Su salud lo agradecerá”, ha indicado.

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 ha sido un desafío. Se ha demostrado que la colaboración público-privada en materia sanitaria es una garantía de seguridad y confianza para los ciudadadanos de las Islas. Los resultados avalan que la colaboración público-privada es una ventaja para la mejor gestión y optimización de los recursos disponibles.

El reto: la nueva sanidad pedirá una mayor colaboración público-privada

El reto ahora es mantener los niveles de excelencia en atención, tecnología y profesionales. Sin embargo, la disminución de actividad coloca a los centros ante el peligro de que, en un futuro próximo, la actividad o algunos servicios se resientan, lo que repercutiría negativamente en el sector. Por ello, solicitamos a la Administración que la bajada de actividad que tendrán los centros a consecuencia de una temporada turística con baja ocupación pueda ser restituida por actividad acumulada sin realizar proveniente del sector público, donde habrán aumentado las listas de espera debido a los parones que se han producido en los centros con la crisis sanitaria.

Asimismo, los nuevos protocolos que se implantarán para prevenir contagios de COVID-19 harán necesario cambiar el modus operandi de los centros. Esto hará disminuir la actividad ordinaria de la sanidad. La reducción de la actividad que se dará en las nuevas condiciones alargará las listas de espera, que se sumarán a la acumulación de casos actual. Por ello, consideramos que la situación exigirá una mayor colaboración público-privada para mantener los niveles de calidad asistencial del sistema público y no seguir aumentando las listas de espera, lo que, por otra parte, contribuirá a paliar la difícil situación que atraviesa el sector.