UBES, la patronal de la sanidad privada, y la Conselleria de Salut i Consum han suscrito un protocolo general para ofrecer asistencia sanitaria conjunta y coordinada a pacientes con COVID-19, lo cual permitirá derivarlos a centros privados y, de este modo, desocupar hospitales públicos en los momentos en que la presión asistencial lo aconseje. Las personas tributarias de recibir esta asistencia sanitaria son pacientes con COVID-19 que tienen que estar ingresados en una planta de hospitalización o en una unidad de críticos.
La presidenta de Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) Carmen Planas y el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster han firmado el convenio, que será vigente hasta el 31 de marzo y en el cual participan Grupo Juaneda, Grupo Quirónsalud, el Hospital de Llevant y la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
Así pues, la sanidad pública y la privada establecerán un sistema de comunicación fluido y dinámico con un censo compartido diario, de modo que se podrá saber diariamente la ocupación de las unidades de críticos y la disponibilidad de camas. Si, debido a la evolución de la pandemia —siempre dentro del marco de la gestión de emergencia—, en un centro hospitalario público surge la necesidad de derivar a un centro privado a algún paciente con otra patología, el convenio también prevé esa posibilidad.
El Servicio de Salud será responsable de identificar a los pacientes tributarios de derivación y de facilitar la información necesaria a los centros privados adscritos al convenio; también podrá acceder a la historia clínica de cada paciente durante el tratamiento y una vez que se haya completado. Cabe subrayar que toda la información relativa a los pacientes que sea tratada en los centros privados estará sometida a los principios de seguridad y confidencialidad de la información sanitaria con las mismas garantías que en el sistema público. Para impulsar y supervisar las actuaciones previstas se ha creado una comisión de seguimiento, integrada por miembros del Servei de Salut y de UBES.